La institución refuerza su estructura de gobierno tras la Junta General Extraordinaria celebrada en la sede colegial, consolidando su compromiso con la abogacía toledana y el servicio a la ciudadanía

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo ha celebrado una Junta General Extraordinaria en su sede colegial en la que ha tenido lugar la toma de posesión de los nuevos cargos que pasan a integrar la Junta de Gobierno de la institución, conforme al proceso electoral desarrollado según lo establecido en los Estatutos colegiales.

El acto, presidido por el decano del Colegio, Ángel José Cervantes Martín, ha formalizado la renovación parcial del órgano de gobierno encargado de dirigir la actividad colegial y representar a la abogacía toledana durante el presente mandato, reforzando la continuidad institucional y el trabajo desarrollado por la corporación.

Tras la toma de posesión, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo queda constituida por Ángel José Cervantes Martín, decano; Federico Guillermo Calero Muñoz, diputado 1º – vicedecano; Ana Jurado Rodríguez, diputada 2ª; José Antonio Martín Hernández, diputado 3º; José Javier Moragón Díaz, diputado 4º; María del Pilar Barroso Durán, diputada 5ª; Isidoro Sánchez Torres, tesorero; Inmaculada Poveda Mascaraque, bibliotecaria; y Julio Moralejo Rubín de Célix, secretario.

Durante el acto se ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo colegial como pilar fundamental para la defensa del ejercicio profesional, la garantía del derecho de defensa y la prestación de un servicio jurídico de calidad a la sociedad.

La renovación parcial de la Junta de Gobierno se enmarca en el funcionamiento ordinario del Colegio, reforzando el compromiso de la institución con la modernización, la formación permanente y la defensa de los intereses de la abogacía, así como con su papel esencial dentro del Estado de Derecho.

El Colegio de la Abogacía de Toledo continúa así avanzando en su labor de representación profesional y servicio público, impulsando iniciativas orientadas a fortalecer el papel de la abogacía en la sociedad y su contribución al correcto funcionamiento del sistema judicial.