El Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha refuerza su compromiso con la formación especializada de los profesionales del turno de oficio a través de un convenio de colaboración suscrito con el Gobierno regional, que permitirá que alrededor de 538 abogadas y abogados puedan acceder durante el próximo año a formación específica en materia de violencia sexual.

El acuerdo ha sido firmado por la consejera de Igualdad, Sara Simón, y el presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Ángel José Cervantes, y contempla la organización de 12 sesiones formativas dirigidas a profesionales de los distintos colegios de la abogacía de la región.

La formación estará financiada por el Gobierno regional, a través del Instituto de la Mujer, con una aportación de 66.500 euros, mientras que el Consejo Regional de la Abogacía será el encargado de organizar las jornadas. Las sesiones serán impartidas por magistrados, profesionales del ámbito de la Justicia y personas expertas en la defensa jurídica de mujeres víctimas de violencia sexual.

Este convenio responde a la necesidad de reforzar la preparación técnica y jurídica de los profesionales que intervienen en la atención a las víctimas, especialmente en el ámbito del turno de oficio, donde la asistencia letrada resulta esencial para garantizar una respuesta especializada, cercana y eficaz.

Durante la firma, la consejera de Igualdad, Sara Simón, destacó que la violencia sexual plantea “retos muy importantes” al tratarse de una violencia “en constante evolución y mayoritariamente oculta”, y subrayó que la formación de la abogacía del turno de oficio es determinante para que las mujeres que la sufren se sientan acompañadas y protegidas.

La necesidad de esta formación se enmarca en un contexto de incremento de los delitos contra la libertad sexual. Según los datos trasladados por la Consejería de Igualdad, Castilla-La Mancha registró en 2025 un total de 729 delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento del 10,3 % respecto al año anterior. Además, el 50 % de los agresores tenía menos de 41 años.

Sara Simón también recordó la evolución de los recursos públicos de atención a víctimas de violencia sexual en Castilla-La Mancha. En 2019, cuando se puso en marcha el primer programa específico contra la violencia sexual, se atendió a 73 mujeres, mientras que en la actualidad la Red Amparo atiende a una media de 300 mujeres al mes.

Por su parte, el presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Ángel José Cervantes, puso en valor la importancia de contar con profesionales suficientemente formados y reiteró la necesidad de incrementar el número de letrados especializados en el turno de violencia de género. En este sentido, señaló que hacen falta más letrados en todas las provincias, con especial incidencia en los partidos judiciales de Torrijos, Illescas y Toledo.

Cervantes recordó que esta petición se viene trasladando al Ministerio de Justicia desde hace tres años y concretó que sería necesario incorporar un letrado más en Torrijos, dos en Illescas y otro en Toledo, ante la carga de procedimientos que se registra en estos partidos judiciales.

Con este convenio, el Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha avanza en su objetivo de reforzar la capacitación de la abogacía del turno de oficio y de contribuir, desde la defensa jurídica, a una atención más especializada y garantista para las víctimas de violencia sexual.